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Proponen en Congreso de Veracruz reforma contra ‘revanchismo’
Citlali Medellín, señalada por su sucesora, propuso cambios a la Ley de fiscalización de Veracruz
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La diputada Citlali Medellín Creaga, del Partido Verde, señaló la necesidad de fortalecer el proceso de fiscalización durante la transición de administraciones públicas en Veracruz.
Según la legisladora, los funcionarios que dejan su cargo no deberían depender "de la buena o mala voluntad" de sus sucesores para aclarar observaciones y recomendaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Actualmente, aseveró que quienes dejan sus cargos están sujetos a "calumnias por parte de antagonistas políticos”, lo que representa un obstáculo para la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Medellín Creaga destacó que existe una "laguna" en el proceso de fiscalización durante la transición de administraciones públicas, lo cual ha quedado evidenciado en el caso de la Cuenta Pública 2021.
Cabe recordar que, en octubre de 2022, la alcaldesa de Tamiahua, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, presentó una denuncia de juicio político contra Medellín Creaga, acusándola de desviar al menos 10 millones de pesos del ejercicio 2021.
Ahora la legisladora propuso establecer medidas contra este tipo de acciones.
COBRABAN POR CERTIFICADOS
La diputada local señaló que, de acuerdo con el Orfis, al menos el 75 por ciento de los sujetos obligados de la Cuenta Pública 2021 no pudieron entregar la documentación certificada en la etapa de solventación de observaciones.
Esto se debe a que las autoridades municipales en funciones se negaron a certificar la documentación o cobraban cuotas excesivas por este servicio, dificultando así el proceso de fiscalización.
En opinión de Medellín Creaga, durante el cambio de administraciones públicas municipales del año pasado faltó "honradez, eficacia, profesionalismo e imparcialidad" por parte de los nuevos funcionarios.
Esta falta de compromiso y transparencia ha tenido consecuencias perjudiciales tanto para los servidores públicos en funciones como para los retirados.
La legisladora advirtió que, aunque la solventación es solo una fase del procedimiento de fiscalización, se puede configurar desde allí la presunción de un posible daño patrimonial, lo cual alimenta la avidez de proferir calumnias por parte de antagonistas políticos e incluso de propagar "fake news".
Medellín Creaga criticó la falta de responsabilidad de algunos servidores públicos, quienes respondieron irresponsablemente y sin escudriñar los archivos que se encontraban en sus dependencias.
Además, no solicitaron la colaboración de los exservidores que podrían haber ayudado a cumplir con los requerimientos del proceso de fiscalización.
PROPUESTA
Para abordar estas deficiencias en el proceso de fiscalización, la diputada propone una reforma a la Ley de fiscalización superior y rendición de cuentas, así como otras disposiciones.
La iniciativa busca establecer medidas de apremio y mayor claridad en la ley, de manera que se corrijan los vicios que se presentaron durante el procedimiento de solventación de la cuenta pública 2021
Esto incluye garantizar la entrega y certificación de la documentación necesaria por parte de las administraciones salientes y entrantes, evitando así la ocultación de información.
La propuesta de reforma también busca evitar la sobrecarga de promociones innecesarias a los órganos jurisdiccionales, autoridades fiscalizadoras y órganos de investigación en casos de falsa denuncia y simulación de pruebas.
La iniciativa incluye la adición de diversas disposiciones a la Ley de fiscalización superior y rendición de cuentas, así como la modificación del artículo 35 de la Ley de responsabilidades administrativas y disposiciones de la Ley de entrega y recepción del poder ejecutivo y la administración pública municipal.
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