Empresarios, criminalizados con extinción de dominio: Gustavo de Hoyos

La legislación fiscal de México podría inhibir las inversiones el próximo año, pues criminaliza a los empresarios, incluso varias compañías promovieron amparos ante leyes como la de Extinción de Dominio.

 El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, advirtió que podría ocasionar que más mexicanos se incorporen a la informalidad, por ello se mantendrán atentos a que las modificaciones a los artículos no se apliquen de manera facciosa y haya inquisición fiscal.

“Por lo pronto parecería terrorismo legislativo, esperaremos que no pase de ahí. Apenas va a entrar en vigor, las reformas se están aprobando y los efectos se verán hasta enero de 2020. Hay empresas que ya promovieron demandas de amparo y juicios por partes que parecen preocupantes”.

SEÑALAMIENTOS

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, negó haber participado en actos irregulares durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, en Baja California y que le hayan abierto alguna investigación.

Afirmó que realizó las aclaraciones pertinentes sobre los supuestos contratos que se le otorgaron para la ejecución de proyectos.

“Ese es un cuento chino, el secretario general de Gobierno, Díaz Lozano, ha sido documentada su participación en un escandaloso caso de corrupción conocido como Los Moches, donde está evidenciado en conversaciones. El mismo sábado se hicieron las aclaraciones y no hay fundamento para las acusaciones y no van a pasar muchos días donde las cosas pongan a cada quien en su lugar”.

A su parecer Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno de Baja California, no tardará en perder su puesto y tendrá que responder por los supuestos actos de corrupción.

INE

Finalmente recordó que el jueves iniciaron la campaña denominada Yo Defiendo al INE, pues están en contra de recortar los encargos de los consejeros electorales.

También de que se partidice y se lleve a la Cámara de Diputados la elección de funcionarios locales en materia electoral y se disminuyan los presupuestos que requiere el Instituto Nacional Electoral.