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Política migratoria mexicana, bajo escrutinio internacional

Ciudad de México | 2019-09-23 | Staff Imagen del Golfo
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La migración siempre ha sido un tema familiar para México. Nuestra localización geográfica tan cercana a Estados Unidos nos permitió normalizar los flujos migratorios propios y externos que cruzaban el país en busca de llegar a la frontera norte; nuestro imaginario colectivo asoció la palabra “migrante” con la gente que se va, pero nunca con la que llega para quedarse. Sin embargo, las tendencias migratorias, al igual que el mundo, evolucionan con el tiempo, son cambiantes y dependen de muchas variables de índole política, económica, social.


Las caravanas o éxodos migrantes, las presiones que llegan desde el norte y la reorientación de flujos migratorios provenientes de Centroamérica, pero también desde otras regiones extracontinentales, son sólo algunos de los escenarios a los que se ha enfrentado el gobierno federal en los últimos meses de manera más que deficiente. Sus erráticas y desatinadas respuestas son una demostración de todo lo que representa una mala gestión migratoria, siendo las personas quienes mayormente resienten este fracaso, al convertirse en una masa creciente de víctimas de violaciones a derechos humanos. Y, a pesar de que el Estado mexicano sostiene en el discurso que se han respetado cabalmente los derechos de las y los extranjeros en México (y quiere convencernos de ello con base en la absurda repetición de datos visiblemente apartados de la realidad), llegó el día de rendir cuentas en el plano internacional.


Del 23 de septiembre al 2 de octubre del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo su 173 Periodo de Sesiones, dentro del cual examinará el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte de México en los temas de asilo y migración.


Una audiencia de este tipo consiste en la presentación que hacen organizaciones defensoras de derechos humanos frente a las Comisionadas y Comisionados de la CIDH sobre las principales preocupaciones detectadas respecto de un tema en particular, en este caso, migración y asilo en México. Seguidamente, funcionarios del gobierno responden y ofrecen explicaciones a las manifestaciones hechas por su “contraparte”, para finalmente proceder a responder cuestionamientos directos por parte los integrantes de la Comisión y acordar o comprometerse a llevar a cabo acciones solicitadas por los defensores o por la misma CIDH.


Es importante señalar que el hecho de que sean funcionarios del Ejecutivo Federal los que comparezcan ante la CIDH no significa que el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo se encuentren exentos de obligaciones internacionales en materia de respeto y protección a los derechos humanos de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y apátridas. Así, de manera genérica, las y los legisladores deberán abstenerse de aprobar normas que sean contrarias a los tratados internacionales firmados por México, así como evitar que su labor menoscabe los derechos de las personas en situación de movilidad; por su parte, todas las juezas y jueces mexicanos están obligados a utilizar tanto la normativa nacional, como la internacional en el análisis y resolución de los casos relacionados con temas migratorios o de asilo, además de garantizar a este grupo un verdadero acceso a la justicia, que permita revertir las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, por parte de otras autoridades.


¿Por qué son importantes este tipo de ejercicios ante órganos internacionales? Primero que nada, porque permiten visibilizar y abordar una problemática dentro de un espacio neutro y seguro, donde las voces de las y los defensores son escuchadas y la postura del gobierno no puede ser considerada la verdad absoluta. En segundo lugar, porque la CIDH tiene facultades para emitir recomendaciones y solicitar al Estado la adopción de medidas concretas para la protección de los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas.


Este espacio escrito sería insuficiente para enlistar y analizar todos los tipos de violaciones a derechos humanos que la política migratoria de nuestro país genera cada día y por los que el Estado debería responder ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; basta con mirar los encabezados de las noticias de los últimos meses para darnos una idea de que el gobierno mexicano tiene muchas explicaciones que dar en un sinfín de temas: la militarización de las fronteras y la criminalización de la migración irregular, el uso excesivo de la fuerza y los actos de violencia, intimidación y extorsión cometidos por parte de agentes del Estado en contra de personas migrantes; el uso automático y arbitrario de la detención migratoria, la condiciones y el tiempo que las personas extranjeras se encuentran privadas de su libertad, la detención de niños, niñas y adolescentes, la retención o confiscación de documentos de identidad, la negativa de otorgar actas de nacimiento a los hijos e hijas de personas migrantes, los procesos de deportación expeditos y en los que, incluso, se incumplen órdenes judiciales; la obstaculización en el acceso a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado para las personas que sufren persecución, la demora excesiva en la resolución de trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la falta de asistencia humanitaria para solicitantes de asilo, la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos de personas en movilidad, la realización de operativos tipo “redadas” en lugares públicos y privados, la interposición arbitraria e ilegal de alertas migratorias, la impunidad que persiste en los delitos que son cometidos en contra de personas migrantes… entre muchos otros temas.


Ante la importancia de este ejercicio internacional, y frente a la complejidad de la realidad migratoria que vive nuestro país, resultan especialmente preocupantes algunas declaraciones vertidas por funcionarios públicos del gobierno que apuntan a una actitud cerrada y de obstaculización a la labor de este órgano internacional. Así, por ejemplo, es de público conocimiento que la Comisión Interamericana hizo una solicitud formal al gobierno mexicano para realizar una visita al país, y verificar la situación de los derechos humanos de las personas en movilidad, particularmente en las fronteras norte y sur. Sin embargo, esta petición nunca fue respondida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, destinataria de la misma.


Estas acciones se contradicen abiertamente con las declaraciones, por ejemplo, de la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, quien ha sostenido que México es un país abierto al escrutinio internacional y “uno de los pocos países abierto permanentemente a las visitas de estos organismos”; o a las afirmaciones del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que el Gobierno mexicano no tiene nada que ocultar. Pese a todo ello, lo cierto es que el discurso de las autoridades en temas migratorios no corresponde con los hechos, y la realidad está desbordando de una manera imposible de ocultar.


La CMDPDH participará en la audiencia sobre asilo y migración que tendrá lugar en Washington D.C el próximo 27 de septiembre, exponiendo todas las irregularidades detectadas desde nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos de solicitantes de asilo y refugiados, y pugnaremos por que el Estado mexicano acepte la visita de la CIDH a nuestro país.


La dignidad no tiene nacionalidad, ninguna persona es ilegal, y ya es tiempo de que el gobierno mexicano responda por su política migratoria militarizada, punitiva y violatoria de derechos humanos.

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