lunes, 24 de junio del 2019
 
Xalapa
Congreso vigilará a ORFIS en auditoría a Edel Álvarez
"El Poder Judicial y las constructoras a cargo de realizar las nuevas Ciudades Judiciales reciclan edificios para justificar la construcción; se revisará con lupa el informe del Orfis"
Xalapa | 2019-03-20 | Jesús Ruiz
/ Eric Domínguez Vázquez.

El Congreso del Estado de Veracruz estará vigilante y exigirá al titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) una exhaustiva auditoría al Poder Judicial que preside Edel Humberto Álvarez Peña, respecto de la construcción de las ciudades judiciales bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas y de ser necesario se harán supervisiones físicas a cada una de las obras reportadas, pues es momento de poner un alto a las auditorías de escritorio que solo se sustentan en papel, destacó en entrevista exclusiva para el Corporativo de Medios Imagen del Golfo, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Eric Domínguez Vázquez.


Y es que dijo, el Poder Judicial y las constructoras a cargo de realizar las nuevas Ciudades Judiciales en Veracruz reciclan edificios para justificar la construcción de las ciudades, por lo que, se revisará con lupa el informe que entregue el Orfis e irán a los lugares donde se presuma obra. Eric Domínguez es Maestro en Derecho Fiscal y su desempeño profesional ha sido mayormente en el gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de ahí su experiencia en el ramo fiscalizador.

El legislador veracruzano subrayó que los diputados de Morena estarán vigilantes de las auditorías y se promoverá que el organismo realice revisiones físicas para validar las construcciones “nosotros vamos a estar vigilando que de acuerdo a las auditorías que realice el Orfis se hagan adecuadamente. En mi caso la experiencia que traigo en mis distritos es que no existen tales ciudades judiciales.

 




“Por ejemplo en el municipio de Papantla, se habitaron oficinas en lo que fue antes un hotel, la verdad que son instalaciones pequeñas, nada que ver con una Ciudad Judicial. En lo que resta del distrito las oficinas de los juzgados y de la propia Fiscalía se encuentran en instalaciones de los propios palacios municipales”, expuso.

Y es que, según el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, para la Ciudad Judicial de Papantla se invirtieron en total 40 millones de pesos desde que comenzó la obra en febrero de 2018.

Domínguez Vázquez, representante del Distrito VI con cabecera en Papantla, sostuvo que a la fecha “no se ve la inversión”, pues se recicló un inmueble que ni siquiera parece apto para albergar una Ciudad Judicial.

En ese sentido enfatizó que la Comisión de Vigilancia a su cargo revisará puntualmente los resultados que arrojen las auditorías que va a realizar o que ya está realizando el Orfis y que sean acorde a la Ley.

Vigilarán ligas de empresas con Panama Papers

En la entrevista el legislador se refirió a la Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., la cual integra seis constructoras y está a cargo de la edificación de 12 de 20 Ciudades Judiciales en distintos municipios de la entidad, sin embargo, está envuelta en supuestos actos de corrupción según información que se ha publicado en medios locales.

El presidente de la Comisión de Vigilancia agregó que se buscará revisar las posibles ligas de la familia Ruiz Anitúa, responsables legales de la Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., con el caso de los Panama Papers y si fueron beneficiados ilegalmente en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares con los proyectos de las ciudades judiciales.

“Se tiene que investigar, yo creo que tenemos que hacer esa investigación para ver si efectivamente esa familia se inmiscuyó en estos proyectos y si hay algún vínculo con los anteriores gobernantes del Estado”, planteó Domínguez Vázquez.

La Asociación está integrada por las empresas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A., de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán S.A. de C.V, de ahí que a la fecha está desarrollando la mayoría de las ciudades judiciales en Veracruz.

Domínguez Vázquez insistió que se vigilará que se transparenten todos los actos y actividades de los entes fiscalizables y las ciudades judiciales no serán la excepción, sobre todo cuando el caso de los Panama Papers evidenció a la familia Ruiz Anitúa al usar paraísos fiscales para lavar dinero.

El diputado de Morena añadió que mediante las Asociaciones Público Privadas el Poder Judicial comprometió sus ingresos hasta el año 2046, pero a la fecha los resultados no son visibles en las construcciones.

“No se ve un cambio, una diferencia, ciudades judiciales como las que tanto hablaron y las expectativas que se hablaban era algo diferente. En mi distrito de Papantla, el 06, en toda la Sierra del Totonacapan, las instalaciones de la Fiscalía se encuentran dentro de los domicilios y en las instalaciones de los ayuntamientos”, reiteró.

Auditorías deben de ser físicas

Igualmente, el legislador aseveró que insistirán en que el Orfis, a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, realice auditorías físicas para constatar la realización de las obras, tanto en el caso de las Ciudades Judiciales del Poder Judicial como en el resto de los entes fiscalizables.

“Yo pugno es que vayamos a hacer pruebas físicas, que no nos dejemos llevar solo con la prueba documental, con las revisiones de gabinete, que revisamos nada más alguna documentación elaborada e irnos con la finta, de buena fe o de mala fe, tomarla en cuenta y hacer solventaciones, yo creo que eso hoy en día no debe de pasar.

“Hay que ir a los ayuntamientos y verificar si efectivamente se llevó a cabo una obra o se elaboró una calle, o si la carretera está concluida, verificar físicamente, no dejarnos llevar solo con pruebas documentales (…); en el caso del Poder Judicial también”, subrayó.

Añadió que por esta razón estarán al pendiente de los resultados del organismo fiscalizador, pues deben de ser contundentes en todos los casos de desvíos de recursos o posibles beneficios irregulares con los empresarios a cargo de los proyectos de las ciudades judiciales.

 

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