sábado, 20 de octubre del 2018
 
Xalapa
Gastan más de lo aprobado en Comunicación Social
Xalapa | 2018-10-10 | Ariadna García
/ Elías Assad Danini

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares gastó en 2017, 262 por ciento más de lo aprobado en el área de Comunicación Social pues mientras le fueron aprobados 24 millones de pesos, ejerció 85 millones de pesos más.


Aunque el estado de Veracruz ocupa la cuarta posición en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018, lo que lo ubica como en cumplimiento medio del IIEG, es uno de los tres estados del país con mayor gasto administrativo ejercido en 2017 con 51 mil 101.7 millones de pesos solo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México.

El gasto administrativo o burocrático se define como la suma de los montos destinados a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales.

De acuerdo con el documento Presupuestos Estatales: Simulación y Discrecionalidad. Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la calificación del estado es de 76.4 menor a la de 2016 que fue de 79.2.

Resalta que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tuvo un gasto adicional en 2017 por 40 mil 13 millones de pesos lo que representa 39 por ciento más de lo aprobado. Y es que mientras le fueron aprobados 101 mil 989 millones de pesos, ejerció 142 mil 2 millones de pesos.

Destaca que si bien en el área de Comunicación Social le fueron aprobados 24 millones de pesos para el año 2017, ejerció 85 millones de pesos más, lo que representa 262 por ciento más de lo aprobado.

Lo anterior contrasta con la inversión pública donde se invirtió 58 por ciento menos de lo aprobado; es decir, de los 2 mil 920 millones de pesos, únicamente se ejercieron mil 216 millones de pesos.

También el gasto administrativo fue mayor al aprobado, pues de los 45 mil 595 millones de pesos, se ejercieron 51 mil 102 millones de pesos lo que representa 12 por ciento más.

 

DEUDA

 

El gobierno del estado también contrajo una deuda adicional en 2017 por 29 mil 206 millones de pesos lo que implica un costo financiero de 5 mil 69 millones de pesos de pesos y una deuda por habitante de 5 mil 654 pesos.

 

RECAUDACIÓN

 

El año pasado además se tuvo un excedente en recaudación de 43 mil 27 millones de pesos, 42 por ciento más de lo estimado. De 101 mil 989 millones de pesos, se obtuvieron 145 mil 16 millones de pesos.

Mientras se tenía estimado una recaudación de impuestos por 3 mil 774 millones de pesos, se obtuvieron 4 millones 243 mil millones de pesos, lo que representa 12 por ciento más.

El Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) encontró que, al no alcanzar el 100 por ciento de desempeño ninguna entidad, incluyendo Veracruz, da cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, instrumento normativo que, a más de 10 años de aprobado, ordena mecanismos de transparencia, armonización y homologación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos.

De acuerdo con el análisis, el cumplimiento a los presupuestos de egresos de las entidades federativas es un acto de simulación y discrecionalidad pues las entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado. La falta de acción por parte de los congresos locales es una muestra de que no son u contrapeso real para los gobernadores y sus secretarías de finanzas.

Para el investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández, ante ese panorama, hace falta que haya castigos para quien no brinda información de lo que hace o deja de hacer en la administración pública, “que sea suspensión o destitución de quien no cumple con su obligación de información” pues es un derecho de la ciudadanía.

Señaló que aunque hay una obligación de informar, no se está cumpliendo “se hacen como el tío lolo y nos obligan a todos a investigar y consultar otras fuentes complementarias”.

“Gobernantes, funcionarios, servidores públicos, simple y sencillamente les vale y no publican la información que tienen que publicar, desde su información como funcionarios que es cuánto ingresan, cuánto gastan, hasta la información institucional de cuál es presupuesto, cuánto se ejerce , cómo y a quién se destina”, añadió.

 Consideró que la ciudadanía debe exigir que se informe sobre los recursos que se reciben, se ejercen y que haya consecuencias para quien comete irregularidades.

“Este binomio de obligación del servidor público y derecho ciudadano se ha menospreciado, no se ha atendido y ha obligado a todos a investigar por cuenta propia”, añadió.

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