jueves, 17 de enero del 2019
 
Veracruz - Boca del Río
Empeña Edel Álvarez al Poder Judicial por más de 3 mil mdp
El Tribunal Superior de Justicia, que preside Edel Álvarez Peña, benefició con contratos a la “Constructora y Promotora Malibrán S.A de C.V”, propiedad de la familia Ruiz Ortiz, una de las favoritas del ex gobernador de Veracruz
Veracruz | 2018-12-10 | Silverio Quevedo
/ Edel/Winckler/Yunes
El presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, endeudó al organismo por más de 3 mil millones de pesos para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 21 ciudades judiciales, al comprometer las participaciones federales de los próximos 25 años, que podría alcanzar hasta los 5 mil 100 millones de pesos, según se establece en los contratos de inversión de dichas obras.
 
Mientras que en la pasada administración del Poder Judicial fueron construidos seis centros de impartición de justicia como los de Xalapa, Córdoba y Coatepec, con recursos propios y sin la necesidad de endeudamiento, bajo la titularidad de Alvarez Peña se adjudicaron contratos de Asociación Público – Privada, los cuales se tendrán que pagar en un plazo de 300 meses con dinero que recibe de la Federación. 
 
Ante el millonario pasivo en el que pretende dejar empeñado al Poder Judicial y debido a una serie de cifras inconsistentes en las que ha incurrido en sus solicitudes presupuestarias además de lo que costará pagar las 21 ciudades durante las próximas dos décadas y media, Alvarez Peña deberá explicar la diferencia de cifras.
 
Constructoras no perderán 
 
Según versiones extraoficiales si la presente Legislatura no aprueba el presupuesto 2019 del Poder Judicial, se corre el riesgo de que los contratos de dichas obras sean cancelados, lo que provocaría que se tenga que pagar una millonaria penalización a las empresas beneficiadas con la adjudicación de las obras para la construcción de 21 ciudades judiciales.
 
Según el contrato marco de la licitación pública nacional LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, el monto podría alcanzar hasta los 5 mil millones de pesos, pagando un monto de hasta 17 millones de pesos mensuales durante 300 meses a las empresas que ganaron los concursos.
 
De acuerdo a un oficio de Edel Alvarez Peña dirigido a Guillermo Moreno Chazarini, pide a la secretaría de Finanzas una ampliación presupuestaria inicial por mil 301 millones 622 mil pesos, es uno de varios en los que requiere más recursos “con motivo de la celebración de asociación de contratos público-privada considerados en su conjunto” por dicha cantidad además de rendimiento y mantenimiento.

 


 
En el oficio Número 0441/17 firmado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Alvarez Peña, y dirigido a Moreno Chazarini como secretario de Finanzas y con fecha 23 de agosto de 2017, se establece que “el monto mensual que se pagará al amparo de los contratos de asociación público-privada considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 13 millones 217 mil 245 pesos, mismos que incluyen “el monto de inversión pública productiva”.
 
En el inciso “C” señala: El plazo máximo autorizado para cada uno de los contratos de asociación pública-privada será de hasta 300 (trescientos) meses contados a partir de la fecha de firma del contrato respectivo.

 

 

 

 
Este es una solicitud parcial de la ampliación que se requirió para la construcción de las 21 ciudades judiciales, y se hizo ante la secretaría de Finanzas pues es la responsable de suministrarle los recursos considerados en el presupuesto autorizado por la Legislatura además de que es donde llegan las participaciones federales destinadas al Poder Judicial.
 
No obstante que seis de las instalaciones para la impartición de justicia fueron construidas con recursos propios en este caso Alvarez Peña lo hizo “empeñando” el dinero del Poder Judicial para los siguientes 25 años.
 
A esto se le suma que en su proyección presupuestal del 2019 establece el pago millonario cada mes a las empresas a las que fueron otorgadas los contratos y a las que se pagará una especie de arrendamiento pues son ellas las “propietarias” del edificio durante ese lapso.
 
En dicha proyección en el Capítulo 300 de Servicios Generales del Presupuesto 2019 para el PJE se considera el concepto de Rentas por Contratos de APP (Asociación Pública-Privada) por 295 millones 800 mil pesos, a razón de 24 millones 650 mil pesos que derogará el Poder Judicial cada mes por este concepto.
 
No cuadran los números
 
Los 24 millones 650 mil pesos mensuales distan mucho de los 17 millones que se considera tan sólo en el contrato con la Compañía Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I DE C.V que ampara la licitación LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018 y que incluye tan sólo 7 Centros de impartición de justicia en Boca del Río, Ozuluama, Alamo, Papantla, Misantla, Isla y Las Choapas.
 
Es decir restarían 14 ciudades judiciales y para las que se destinaría el resto del monto solicitado de 24 millones 650 mil, a razón de 7 millones 650 mil.
 
Y considerando que el gasto anual contemplado para este concepto es de 295 millones 800 mil pesos en tan solo 10 años sumarían 2 mil 958 millones de pesos siendo que el plazo es para 25 años el monto rebasaría por mucho los 7 mil millones de pesos.
 
Ante este juego de números del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso Local podría rechazar la solicitud de ampliación del presupuesto, y aún cuando es un poder autónomo deberá sujetarse a las normas dictadas por el legislativo en materia del ejercicio del mismo.
 
Lo anterior, implicaría no poder ejecutar los contratos y por ende, deberán cubrir la penalización que estos representan con una millonaria derogación por ese motivo.

El Tribunal Superior de Justicia, que preside Edel Álvarez Peña, benefició con contratos a la “Constructora y Promotora Malibrán S.A de C.V”, propiedad de la familia Ruiz Ortiz, una de las favoritas del ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para la construcción de 20 ciudades judiciales, en las que se invertirán mil 300 millones de pesos, pero que a lo largo de 25 años, representará una erogación de más de 5 mil 100 millones de pesos.

 De acuerdo con el fallo de la licitación pública nacional, para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de dichos centros de impartición de justicia, dicha empresa y otras cinco compañías, que también estarían ligadas a la familia Ruiz ganaron el concurso.

 En la página del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se da a conocer que el concursante ganador de los contratos individuales es el consorcio conformado por: Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

Sin embargo, no se especifica que todas conforman una sociedad creadas ex profeso y que solo se dividieron para “obtener” todos los contratos a través de las sociedades denominadas CIJV I, II, III y IV, S.A.P.I DE C.V.

Para la empresa CIJV II se tendrá que cubrir un monto de 743 millones de pesos, y para la CIJV IV un aproximado a 900 millones de pesos, como parte de la participación privada y a la que se cubrirá posteriormente el monto invertido en la obra, además de una especie de renta por el mantenimiento y conservación de los inmuebles.

 
Bajo el esquema de asociación público-privada, dichas empresas se encargarán de la construcción de las ciudades judiciales en los municipios de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Martínez de la Torre, Ciudad Mendoza, Coatzacoalcos, Tuxpan, Pueblo Viejo, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Boca del Río, Ozuluama, Álamo, Papantla, Misantla, Isla y Las Choapas.

 Con Yunes todo para los Ruiz
 
Llama la atención que la empresa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V., comparte el mismo domicilio que la Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V., ubicado en el callejón Mártires de Tlapacoyan número 55 entre Mario Molina y Serdán del puerto de Veracruz, pisos 5 y 1 respectivamente.

 A pesar de que se trató de una licitación pública nacional, la dirección que aparece en internet del Consorcio Integral de Comercio Exterior, se ubica en la avenida Independencia número 859 de la ciudad de Veracruz, mientras que la Desarrolladora de Caminos S.A. de C.V. tiene su domicilio ubicado en la carretera Veracruz-Cardel.

 Sobre la empresa Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V. no aparece ningún tipo de información en internet, ni tampoco acerca de Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.

 Cabe recordar que a solicitud del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, en el año 2017, la LXIV Legislatura amplió a 30 años más la concesión a la empresa Malibrán para la operación del libramiento Plan del Río de la autopista Veracruz – Xalapa, mientras que el consorcio Intra, que también pertenece a la familia Ruiz, rehabilitó el bulevar Manuel Ávila Camacho de Veracruz, en el que se invirtieron 150 millones de pesos.

Las ciudades judiciales resultan un negocio redondo para las empresas ganadoras, pues para la construcción se invertirán mil 301 millones 622 mil pesos, es decir 65 millones de pesos en promedio por cada una.
 


 
El esquema del contrato es de asociaciones público privadas, equivalente a deuda pública que se tendrá que pagar a 300 meses, es decir a 25 años, comprometiendo las participaciones federales.

Según el contrato marco, las empresas recibirán un pago de 17 millones de pesos al mes durante dos décadas y media, por lo que en tan sólo seis años habrán recuperado el capital invertido.

 Al año, las empresas recibirán 204 millones de pesos del Poder Judicial y al cumplirse los 25 años habrán recibido 5 mil 100 millones de pesos.
 
Los terrenos donde se construirán los centros de impartición de justicia serán donados por el propio Poder Judicial, por lo que las empresas sólo tendrán que invertir en las obras.
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