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Las cifras de la delincuencia de cuello blanco
 
 
Por Marco A. Medina
2017-11-07 09:41:35
Columna: La escena veracruzana
 
A las cifras que analizamos en nuestra entrega anterior, producto de la acción de la delincuencia organizada en Veracruz, hoy debemos añadir las que son resultado de la llamada delincuencia de cuello blanco.

La organización para delinquir, apropiarse de los dineros públicos, de usar a diestra y siniestra las peores prácticas de la contabilidad gubernamental para tratar de ocultar el destino final de las operaciones financieras del gobierno veracruzano las utilizó un profesional de las finanzas públicas, que además resultó un profesional para el desvío y el uso indebido de recursos públicos.

Doctor en Economía y con una Maestría en Gestión Pública Aplicada, a sus grados profesionales Javier Duarte de Ochoa, hoy imputado por la justicia mexicana, agrega cada año, en la revisión de la Cuenta Pública anual a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), nuevos grados de maestría y doctorado en peculado, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos y corrupción.

Ahora que se conocen los resultados del segundo informe parcial de la revisión de las cuentas públicas de los estados, llevada a cabo por dicho órgano auditor, Veracruz encabeza la lista de montos de recursos públicos desviados o sin ninguna explicación de su destino. En 2016, las cuentas del gobierno de Javier Duarte no acreditan la aplicación de 13 mil 500 millones de pesos, lo que sumado a los años anteriores suma 42 mil 615 millones de pesos. Y aún falta el tercer informe parcial.

De las 32 entidades federativas hay un conjunto de irregularidades por 71 mil millones de pesos correspondientes a los 12 gobiernos que concluyeron su gestión el año pasado. Es decir, el gobierno de Duarte concentra el 60 por ciento de las mismas.

¿Qué es lo que revisó la Auditoría Superior de la Federación? Pues nada más y nada menos que poco más del 90% del presupuesto del gobierno de Veracruz, dado que en 2016 la ASF ya no tiene sólo la facultad de revisar la aplicación de los fondos federales que se destinan a un fin específico, como son los fondos de Aportaciones para la Nómina Educativa, para los Servicios de Salud, para la Infraestructura Social Estatal y Municipal, para el Fortalecimiento de Municipios o para la Seguridad Pública, entre otros, sino también las participaciones federales que son distribuidas de acuerdo a los planes del gobierno estatal.

Cabe señalar que una parte de las observaciones de 2016 de la ASF sobre el gobierno de Duarte tienen que ver con los recursos suministrados a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en el que se presume un desvío por 1 mil 489 millones de pesos, por no haber enterado las ministraciones de dicho fondo a los 212 municipios, de agosto a octubre de ese año. De ese cifra, 1 mil 486 millones se transfirieron a cuentas bancarias ajenas a dicho fondo, cuyo propósito debía ser el combate a la pobreza.

Por otro lado, el gobierno duartistano presentó documentación comprobatoria ni justificativa del gasto por un total de 6 mil 543 millones de pesos correspondientes a participaciones federales, recursos que no llegaron a su destino.

Esto es lo que sabemos hasta ahora. En febrero de 2018 conoceremos la tercera parte de la historia. Y tendremos que esperar un año más para empezar a conocer la historia del gobierno de Yunes, que estrenó en la contienda electoral de este año, a través de su partido, el mismo esquema utilizado por Duarte, el de contratar empresas fantasmas para hacer pagos fantasmas, que después serían usados a su conveniencia. ¿Cuántas empresas fantasmas habrá utilizado ya el gobierno de Yunes Linares en el ejercicio público de este bienio?

Lo dicho, necesitamos un cambio verdadero.


marco.a.medinaperez@gmail.com

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