sábado, 23 de junio del 2018
 
Por Magda Zayas Muñoz
Columna: Momentos
Ley General de Desaparición Forzada, un logro de colectivos, que pega a autoridades veracruzanas
2017-10-13 | 09:47:51
Se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el beneplácito del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Así lo define la legislación internacional.
“En el largo y desesperante camino de la búsqueda de nuestros seres queridos, frente a la inacción y colusión institucional, reconocemos en la Ley un instrumento perfectible, pero también necesario y urgente como un primer paso para prevenir, erradicar, combatir y sancionar las desapariciones”, se leyó ayer en un comunicado de prensa emitido por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), al celebrar la aprobación del Congreso de la Unión de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Esta Ley es el resultado de casi tres años de trabajo de más de 60 colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil (OSC), que han propuesto contenidos fundamentales de la citada legislación; de implementarse de manera efectiva, será una importante herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones en México y es que en nuestro país se cuenta con un registro aproximado de 33 mil personas desaparecidas por autoridades o bien, con el auxilio de éstas.
De ese universo de desaparecidos, más del 10 por ciento se concentra en Veracruz, con un aparente cifra “oficial” de más de 3,600 personas en calidad de desaparecidas de manera forzada; cifras que a decir del actual Fiscal de la entidad, Jorge Winckler Ortiz provienen de administraciones pasadas, evadiendo así responsabilidad, por las más de mil personas –que aseguran colectivos- han sido desaparecidas en los 10 meses de la actual administración.
Las reformas aprobadas ayer por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión genera diversas reformas y derogaciones a diferentes leyes con la finalidad de unificar el tipo penal de desaparición forzada, en donde también se dispondrán elementos con los cuales se obligará a las autoridades a destinar recursos del estado: humanos, tecnológicos y legales para dar con el paradero de las personas desaparecidas, creándose de igual manera, el Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y 32 Comisiones Locales de Búsqueda de personas desaparecidas, estructuras que incorporan la participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil, para dar con el paradero de nuestros seres queridos.
La Ley también fortalece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo cual contribuirá a dimensionar la crisis de desapariciones en el país y responder a la verdadera magnitud de esta dolorosa problemática que agravia a miles de familias en el país y que autoridades de los tres niveles de gobierno se han negado a reconocer o a proporcionar la cifra exacta de víctimas. Así se reconocen los derechos de las más de 32 mil víctimas directas y por supuesto de familiares que sufren por la acción de éste grave delito, por lo tanto, con esta nueva normatividad, se reconoce la desaparición forzada cometida por funcionarios del estado, así como de las desapariciones cometidas por la delincuencia organizada.
Se implanta un sistema integral que “a la vez que atiende a las necesidades inmediatas de las víctimas y sus familias genera la información necesaria para el diseño, implementación y evaluación de acciones”, refirieron diferentes colectivos. Aquí en Veracruz, seguro que las autoridades se encuentran incomodas con esta nueva disposición pues como los mismos colectivos lo han manifestado se han encontrado con la negativa de autoridades a revelar la cifra real de personas en ésta calidad y por supuesto a emprender las medidas idóneas para dar con el paradero de las víctimas.
Precisamente, en el mes de julio–ante la reiterada negativa- la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares para que transparentara las cifras de desaparecidos en Veracruz, pues tras la insistencia de colectivos, la Fiscalía General del Estado (FGE) se vio obligada a reconocer mil doscientos casos que en siete meses de labores no había contabilizado ¡aja! Fue a mediados del mes de julio, cuando se publicó la recomendación CNDH/1/2016/204/Q/VG, por la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, en 2016. La institución puso énfasis en que había discrepancia en las cifras oficiales desde el gobierno de Javier Duarte, ello, sumado a que colectivos de la entidad advirtieron en diversos eventos que dicha práctica se repetía en la administración de Yunes Linares.
Colectivos han insistido sobre la opacidad de parte de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge WincklerOrtíz a lo largo de la actual administración. Hoy con la aprobación de ésta nueva legislación –si bien no resolverá la problemática- contribuirá, pues ello obliga a las autoridades a implementar medidas y registros confiables del número de personas que han sido objeto del citado ilícito y a emprender medidas urgentes para la localización; así es que al gobierno de Veracruz y a su señor Fiscal seguramente no les cayó muy bien esta aprobación. ¡Así las cosas en nuestra país y en nuestra entidad!.
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